lunes, 19 de septiembre de 2011

LA INSURRECIÓN DEL CUSCO ROJO DE 1958 Y LAS MILICIAS POPULARES

Un levantamiento contra la política económica y represiva de Manuel Prado

El Cusco Rojo: la insurrección y el Comité Popular de 1958

Comités Obreros, un general preso y una negociación al borde de la guerra

Jesús Manya Salas
www.jesusmanya.blogspot.com

El discurso que lanzó Emiliano Huamantica Salinas el primero de mayo del año 1958, en el masivo mitin de la Federación de Trabajadores del Cusco, realizado en la Plaza de Armas, era un balance y clarinada a los acontecimientos que venían madurando en los últimos años, la central obrera había resistido heroicamente a las prisiones y destierros de la dictadura de Odría, junto a Emiliano Huamantica, estaban José Calvo Bohórquez, Alfredo Somocurcio, Enrique Miota, Pascual Montaño, Eulogio García, José Lira y otros más jóvenes como Agustín Mamani, dirigentes universitarios como Estenio Pacheco, estaban en la primera fila de las graderías de la Catedral, convocando a seguir fortaleciendo y la lucha frente al incremento de los hidrocarburos y al encarecimiento de los alimentos, que aplicaba Pedro Beltrán Espantoso desde el Ministerio de Economía.

En prolongadas reuniones y convenciones sindicales desde el mes de febrero, el debate de la huelga estaba en el clima de la polémica, por un lado las organizaciones más importantes impulsaban y preparaban la medida y por otro lado algunos dirigentes sindicales de orientación aprista que dirigían varias instituciones se oponían a la huelga con el mismo argumento del gobierno y su Ministro del Interior que a los largo de esos meses, había acusado a los dirigentes populares de estar motivados por posiciones desestabilizadoras y subversivas del comunismo internacional; pero la tendencia estaba claramente definida, la paciencia estaba al límite y se debía tomar una decisión, el acuerdo fue definido en el local del Sindicato de Choferes el cinco de abril de 1958, el paro se iniciaba el siete de marzo, continuó el ocho el mismo que adquirió un carácter masivo y violento por la represión de la policía, obligando la intervención del ejército para conjurar la rebelión popular, el nueve los hechos estaban empantanados y sin respuesta por parte del gobierno, ni siquiera la intermediación del alcalde del Cusco Dr. Roberto Ponce Tejada fue aceptada por la prefectura.

En esas horas difíciles en el marco de una rigurosa seguridad en que se llevaba adelante la reunión del comité del paro en el local del Sindicato de Choferes del 9 de abril en horas de la tarde, fue brutalmente atacado por la policía con bombas lacrimógenas y dispersado a culatazos los dirigentes con la intención de no sólo reprimir, sino sobre todo derrotar la medida de lucha. Esta represión lejos de asustar y atemorizar al Comité de Huelga, esta se volvió a reunir y en reunión que duro hasta la madrugada entregaron un nuevo pliego petitorio al gobierno central.

El 10 de Abril la agitación popular arrancó en los mercados, los hechos más graves se produjeron en Wanchaq donde cayeron abaleados jóvenes como Gerardo Vilca y Benito Zea, ante este derramamiento de sangre enfureció a las multitudes y apedrearon el puesto policial, otro grupo se dirigió al local de la Corporación de Reconstrucción y Fomento; en esas circunstancias aparecieron las tropas del ejército y en la puerta del Colegio de Educandas descargo fusilería y mató a Mauro Gamarra; esta acción multiplicó las movilizaciones por todas las calles, mientras que el ejército tenía tomado las Plazas de San Francisco y del Cabildo.

La muchedumbre tomó la Plaza de Armas a las 10.30 de la mañana, dejó de funcionar hasta la energía eléctrica y los heridos aumentaron con Humberto Arregui y Tomás Loayza, mientras que otro contingente dirigida por una mujer gritando “¡asesinos y justicia!” tenían en una camilla al menor muerto. En esas circunstancias fue tomado preso el General Daniel Vargas Dávila, el Comandante Corzo, el Capitán Buenaventura Alegría y un soldado, os cuales fueron llevados al atrio de la Catedral a fin de obligarlo a un compromiso lo que no se pudo y fue trasladado al Sindicato de Choferes, un contingente de soldados intentó rescatar a su jefe, pero fue impedido por una lluvia de piedras, obligando por otro lado al mencionado general a que ordenara el retiro de los pelotones de la policía y del ejército.

Estas circunstancias tampoco fueron ajenas a la intervención y presencia de algunos infiltrados del gobierno central y dirigentes sindicales del Apra, que buscaron descabezar la lucha, insinuando una supuesta “traición” de Emiliano Huamántica y lanzando discurso radicales, cuando días antes se había opuesto totalmente a la huelga; en este contexto de incertidumbre en una reunión histórica y urgente sesionó el Comité Regional del Partido Comunista y la Juventud Comunista, que tenían una respetable influencia popular y reconocida trayectoria de lucha; tomaron la decisión de relanzar la conducción de la huelga y canalizar organizadamente el levantamiento popular, a fin de evitar el aprovechamiento de los infiltrados y oportunistas, que buscaban a través de la anarquía desconocer a la FDTC y sus sindicatos y llevar al despeñadero la lucha, con el fin de hacerlos abortar y empujar a una derrota política a sus dirigentes que tenían una clara influencia del Partido Comunista desde los años iníciales en que fueron fundados sindicatos laborales y campesinos, el Frente Estudiantil Revolucionario en la universidad a través de la JCP.

Tomada la decisión todos volvieron a sus puestos de combate, desenmascararon primero a los aventureros y persuadieron en sus bases sindicales y populares, a la 1.30 de la tarde reagruparon a la muchedumbre dispersa por todas las calles en la Plaza de Armas, donde improvisaron un mitin e hicieron un recuento y balance de los hechos, condenando la muerte y represión, la exigencia de destituir al Prefecto y los representantes del gobierno central, señalando por otro lado la necesidad de no caer en el caos y el desbande a que se pretendía llevar las jornadas, concluyendo en la decisión de tomar control de la ciudad, armar los piquetes y constituir el Comité de Lucha.

Una larga trayectoria de prisiones, destierros y muertes:

El Comité Popular y las primeras
milicias populares

La historia del “Cusco Rojo” y de los legendarios “Wiratakas”

Uno de los primeros organismos de un poder popular en el país, salió producto de las jornadas de abril de 1958, no fue un hecho casual o episódico, fue la gestación de lo que en la historia social republicana se llama el “Cusco Rojo”, un símbolo, un reconocimiento a una trayectoria y compromiso político y social de varias generaciones de luchadores y luchadoras, por llevar adelante la defensa consecuente de los derechos de los trabajadores, campesinos, estudiantes y del movimiento popular, que desde posiciones iníciales, anarco sindicalistas, indigenistas, apristas aurorales y luego fundadores del PCP junto a José Carlos Mariátegui, con quien confluyeron desde diversos caminos y experiencias; todos estos legendarios hombres que conocieron las prisiones como el Sexto en Lima, La Isla del Frontón, el Sepa en la selva, el destierro, la muerte y la tortura, a los que peyorativamente la oligarquía y los terratenientes los insultaban de “wiratakas”, convirtieron esto en su medalla y orgullo, en su voz guerrera y en su consuelo de combatientes.

Esta maduración de una larga conciencia revolucionaria en las organizaciones sindicales y populares, fueron gestada en los albores del siglo pasado por generaciones encabezadas por Sergio Caller, Casiano Rado, Rafael Tupayachi, Oscar Rozas, Simón Herrera Farfán, Julio G. Gutiérrez, César Vílchez, Román Saavedra, Alfonso Gonzales, Eduardo Polo, Cesar Gonzales Willis, posteriormente, Mariano Muñiz, Roberto La Torre, Julio Moreno, Abelardo Salazar, José Mar, Jorge Navarro, Concepción Ramos, Rosa Rivero, Alfonso Astete, Mariano Fuentes Lira y otros destacados luchadores que desde la primera Célula Comunista en 1927, se dieron la tarea de fundar los sindicatos del arte de vestir, carpinteros, metalúrgicos, construcción civil, mercados, artesanos y que dieron origen a la Federación Obrera Departamental del Cusco, el 20 de marzo de 1930, teniendo como su primer Secretario General a Agustín Rivero, Alberto Campero, Nicasio Ramírez, Roberto La Torre, Luis Villa, Carlos Lira, Aníbal Carreño, Alejandro Flores y Lucio Jáuregui como dirigentes.

El Comité Popular fue encabezado por José Sotomayor, José Lira Rojas, Alfredo Somocurcio, Raúl Medina y Juan Pablo Gutiérrez, luego fueron incorporados el Arzobispo Carlos María Jürgens, el presidente del Poder Judicial Dr. Leoncio Olazábal y el Dr. Julio Salazar por la Beneficencia Pública; configuración que demostraba desde un inicio un verdadero arco iris de amplitud y unidad, por un lado para evitar el aislamiento y rechazar los calificativos de “extremistas” que impulsaba el gobierno y el sindicalismo amarillo del Apra de entonces. Sus tareas fueron inmediatas, renunciar al Prefecto, pedir el cambio del Directorio de la Corporación de Reconstrucción (CRIFC), cambio sanción a los jefes militares y policiales por la muerte y represión desatada, derogatoria de las leyes que aumentaron el costo de vida y los hidrocarburos.

Las milicias populares. Ante el acuartelamiento de la policía y ejército, la ciudad quedó desguarnecida y fue necesario la organización de una estructura de defensa y seguridad, por cuya razón nacieron las primera milicias populares, formadas con las estructuras de cada sindicato, centro de trabajo y estudio; todos los cuales fueron distinguidos con sus brazaletes rojos; durante las noches y días en que actuó la milicia popular no se registraron hechos delictivos ni accidentes. También sin levantar la huelga, se dio permiso para el abastecimiento de alimentos y farmacias, así como algunos carros y el tren a La Convención.

El viernes once de abril, había el anuncio inminente de la toma del Cusco por el ejército y se hicieron presente vuelos de aviones de guerra, los Camberra sobrevolaban con el afán de intimidar y garantizar la presencia de las tropas aerotransportadas en el aeropuerto; en ese marco se instaló una mesa de negociación con el jefe militar designado por el gobierno central, con el cual ante su incapacidad para tomar decisiones, optaron por nombra una delegación para el viaje de una delegación a Lima.

Las jornadas de abril en el Cusco, por distintas razones no fue coordinado y apoyado por departamentos hermanos del sur como Puno y Arequipa tradicionalmente con fuerte presencia sindical; este hecho y el desgaste por el esfuerzo de tantos días fue levantado la huelga el día domingo con la aprobación unánime de los representantes populares, días después se consiguió los cinco puntos de la plataforma de lucha, con lo cual el pueblo del Cusco, sus dirigentes históricos alcanzaron una nueva conquista en sus derechos al desarrollo, la democracia y el trabajo.

jueves, 15 de septiembre de 2011

LA PRIVATIZACION DEL SANTUARIO DE MACHUPICCHU

Declaraciones exclusivas del Dr. Juan Sebastián Velasquez

Mientras que funcionarios, empresarios y especialistas discuten el número de visitas:

Machupicchu: historia de una negligencia de privatización

Ministros, directores regionales y abogados abandonaron el juicio de la propiedad

Por: Jesús Manya Salas

Dicen que en política y en los asuntos judiciales,  no existen las casualidades, efectivamente todos sabemos el inmenso valor cultural, religioso, ambiental, social, patrimonio universal y económico del Santuario de Machupicchu, señala el Dr. Juan Sebastián Velásquez, especialista en derecho patrimonial, y prosigue esto que para el común de los peruanos significa uno de nuestros mayores símbolos de identidad y civilización; para otros es simplemente un asunto de negocios, los mercaderes del patrimonio se la saben y actúan así, muchas veces hasta utilizando la legítima aspiración de familias y personas bien intencionadas.

Los estudios que vengo desarrollando en los últimos años, me hacen llegar a la conclusión que el gobierno de Alberto Fujimori fue el que abrió las puertas del pandemónium que ponen en peligro la propiedad del Santuario Histórico de Machupicchu; escondida en una reclamada reivindicación e ingenuo Decreto Supremo desconoce todo el proceso de la reforma agraria de Velasco Alvarado actuado sobre los terrenos de Machupicchu, con lo cual se inició una demanda por las tierras y propiedades del Santuario de Machupicchu, que por irresponsabilidad del estado no estaba saneada fue el blanco de una estrategia privatista a todas luces, más allá de otras envolturas.

A casi veinte años de una competencia de demandas de varios propietarios contra el estado peruano, el peligro de privatización del Santuario de Machupicchu sigue latente, porque el INC y ahora Ministerio de Cultura y en particular su dirección regional del Cusco, tienen abandonado virtualmente los procesos contenciosos, pareciera que el dicho que el “estado pierde siempre todos sus juicios” es la principal bandera de los abogados de la parte del estado; señala preocupado el abogado Juan Sebastián Velásquez.

La ruta de la propiedad. El historiador John Rowe señala que el Santuario de Machupicchu fue obra y propiedad de la panaca del Inka Pachakuteq, desde entonces la información se perdió en la bruma y en el silencio del tiempo; hasta 1568 en que un cacique entrega un testimonio de compra y venta a favor de un soldado español, luego vendrían la congregación de los Betlemitas que crearon una gran hacienda por todo el territorio circundante, años más tarde la propiedad se divide por el abandono que sufre por parte de los religiosos. En 1911 reaparece Machupicchu con la presencia de Hiram Binghan y vuelve a la notoriedad y aparecen varios propietarios.

En rigor en el año de 1904 la propiedad es adquirida de varios “dueños” por el Sr. Mariano Ignacio Ferro Mendoza, el cual hereda a sus hijos y una de ellas se casa con el Sr. José Emilio Abril Vizcarra, abogado de profesión y congresista de la república de ocupación, asentado en la ciudad de Lima, inicia un largo proceso para vender parte de su propiedad a sus trabajadores la familia Zavaleta en 1942 y la otra parte que tenía restos arqueológicos, las tenía ofrecida al Estado Peruano a fin que tramite un proceso de expropiación del que él mismo es parte por su condición de Diputado de la República; por estas consideraciones es que en la clausula quinta del documento de compra y venta a los Zavaleta, señala y deja constancia –la familia Abril Vizcarra- que en dicha propiedad de venta no está incluida las zonas monumentales, porque el trámite de expropiación se encuentra en el Congreso Nacional de la República, sin embargo en esta clausula quinta, tampoco especifican la reserva de propiedad. Por estas consideraciones es que a través de una Resolución Ministerial del Ministerio de Instrucción Pública ahora Educación se inicia la expropiación en 1935; sustenta Don Juan Sebastián Velásquez.

Desde este período hasta la década del sesenta la bruma es rota, por la presencia del estado que toma posesión, la pone en valor y administra el Santuario de Machupicchu hasta la actualidad; por ese periodo se construye la Central Hidroeléctrica de Machupicchu. En 1969 se da la Reforma Agraria en todo el valle, esta norma en uno de sus artículos señala que no puede expropiarse los bienes y el patrimonio cultura, pero igual los expropio porque no había claridad de los límites del Santuario que recién estaba en proceso de estudios y puesta en valor, habiendo mucho lugares todavía desconocidos que recién serán conocidos décadas más tarde. Este proceso en 1992 sería anulado por Fujimori, abriendo un peligroso proceso de privatización que hasta hoy es latente.

En 1982 es reconocido como Patrimonio de la Humanidad y por consiguiente adquiere otro estatuto jurídico, patrimonial y ambiental. Por ese período entra en auge el turismo como un sector dinámico de la economía, el Santuario se convierte en un destino universal y abre las apetencias del cálculo rentista no sólo de los turisteros, sino de dueños y propietarios que resurgen de las cenizas, inducidos por quienes desean apropiarse de las vías férreas, el teleférico, de los hoteles, en fin de todo el círculo económico que esto representa.

Siguen procesos judiciales en marcha y en paralelo

La disputa por la propiedad de Machupicchu de nunca acabar

Curiosos abogados que pierden o silencias los procesos


Como hemos señalado en 1992 llega la onda privatista y desconoce el proceso de la reforma agraria en Machupicchu y abre curso a los juicios como la que realiza inicialmente en el Juzgado de Quillabamba por parte de la familia Zavaleta en 1,994, que pretendía la devolución de los terrenos, la sentencia del Juez a favor del estado peruano, argumenta que la familia ya recibió el pago de sus terrenos; el proceso llega al Tribunal Constitucional que ratifica la decisión del Juez de Quillabamba en contra de las pretensiones de recuperación de los terrenos del Santuario de Machupicchu. Señala Juan Sebastián Velázquez.

Sin embargo paralelamente la familia Zavaleta solicita en el año 2005 a Registros Públicos (SUNARP) la inscripción de 22 mil hectáreas comprendidas en todo el Santuario Histórico como su propiedad; frente a este hecho el INC a petición de la SUNARP plantea su oposición y declara nula dicha inscripción. Finalmente en Registro Públicos aceptan como propiedad de los Zavaleta 2,293 hectáreas, hecho controversial porque por un lado reconocen la extensión de la propiedad, sin embargo no se puede delimitar en qué lugar están dichos territorios privados, todo un artificio jurídico sin solución fáctica o tangible, dice Velázquez Pelaez; un embrollo del poder judicial, de registros públicos y el silencio del INC ahora Ministerio de Cultura.

En ese mismo marco ingresa a tallar otra dos demandas en el año 2003 y el 2006, los descendientes de la familia Abril Vizcarra reclaman en un primer caso la indemnización de la expropiación de sus propiedades de la reforma agraria, de la parte que no está registrada en la compra venta a los Zavaleta, hasta por un monto de 200 millones de dólares. La segunda demanda es por la reivindicación de sus derechos reales como propietarios que no han prescrito, reivindicación sobre el uso de suelos y la reivindicación de construcción levantada en ellas, sustentado en que el Santuario no estaría registrado por el Estado Peruano y ellos siguen siendo los legítimos propietarios.

A estas alturas las preguntas caen por su propio peso, cómo es que el estado peruano sea tan negligente e incompetente para no haber saneado la propiedad del Santuario de Machupicchu en casi cien años de su existencia pública, ahora que han festejado el centenario de su conocimiento ante el mundo; porque los diversos procesos de expropiación y las otras demandas no fueron contestadas oportuna y adecuadamente; tanto es el descuido de los funcionarios del INC ahora Ministerio de Cultura que la página de internet de la UNEP de las Naciones Unidas en el año 2010 seguía considerando al Santuario de Machupicchu como de propiedad privada, será pura casualidad o qué se esconde, responde preocupado Juan Sebastián Velázquez Pelaez.
A juicio del mencionado especialista, se debe poner fin al abandono e ineptitud de estos procesos, tomando una decisión política y jurídica de velar la propiedad del Santuario de Machupicchu, reivindicando el derecho constitucional y civil del Estado Peruano como su legítimo propietario que lo tiene como posesión y administración desde el año sesenta. Durante todo ese tiempo nadie reclama nada, hasta los noventa en que apareció el modelo privatista y el Decreto Supremo de Fujimori e inmediatamente surgen los supuestos propietarios. De acuerdo al derecho de derelicción el estado puede ejercer o ejercer como su patrimonio un bien por abandono de sus propietarios durante de veinte años consecutivos, además un registro administrativo en Sunarp tiene un sentido declarativo y no es constitutivo como dice un principio del derecho registral.
Es hora que la nueva dirección regional y en particular el Ministerio de Cultura tomen las cosas de manera directa para resolver esta controversia que pone en peligro la propiedad del Santuario de Machupicchu, que por los noventa estuvo en la mira de su total privatización, era evidente la tendencia si miramos que se han privatizado las líneas de acceso, los hoteles y servicios. Incluso ahora para los legítimos herederos los hombres y ciudadanos del ande, es imposible ingresar a observar la construcción de sus abuelos, concluye vigilante Juan Sebastián Velázquez Peláez.