LA PRIVATIZACION DEL SANTUARIO DE MACHUPICCHU

Declaraciones exclusivas del Dr. Juan Sebastián Velasquez

Mientras que funcionarios, empresarios y especialistas discuten el número de visitas:

Machupicchu: historia de una negligencia de privatización

Ministros, directores regionales y abogados abandonaron el juicio de la propiedad

Por: Jesús Manya Salas

Dicen que en política y en los asuntos judiciales,  no existen las casualidades, efectivamente todos sabemos el inmenso valor cultural, religioso, ambiental, social, patrimonio universal y económico del Santuario de Machupicchu, señala el Dr. Juan Sebastián Velásquez, especialista en derecho patrimonial, y prosigue esto que para el común de los peruanos significa uno de nuestros mayores símbolos de identidad y civilización; para otros es simplemente un asunto de negocios, los mercaderes del patrimonio se la saben y actúan así, muchas veces hasta utilizando la legítima aspiración de familias y personas bien intencionadas.

Los estudios que vengo desarrollando en los últimos años, me hacen llegar a la conclusión que el gobierno de Alberto Fujimori fue el que abrió las puertas del pandemónium que ponen en peligro la propiedad del Santuario Histórico de Machupicchu; escondida en una reclamada reivindicación e ingenuo Decreto Supremo desconoce todo el proceso de la reforma agraria de Velasco Alvarado actuado sobre los terrenos de Machupicchu, con lo cual se inició una demanda por las tierras y propiedades del Santuario de Machupicchu, que por irresponsabilidad del estado no estaba saneada fue el blanco de una estrategia privatista a todas luces, más allá de otras envolturas.

A casi veinte años de una competencia de demandas de varios propietarios contra el estado peruano, el peligro de privatización del Santuario de Machupicchu sigue latente, porque el INC y ahora Ministerio de Cultura y en particular su dirección regional del Cusco, tienen abandonado virtualmente los procesos contenciosos, pareciera que el dicho que el “estado pierde siempre todos sus juicios” es la principal bandera de los abogados de la parte del estado; señala preocupado el abogado Juan Sebastián Velásquez.

La ruta de la propiedad. El historiador John Rowe señala que el Santuario de Machupicchu fue obra y propiedad de la panaca del Inka Pachakuteq, desde entonces la información se perdió en la bruma y en el silencio del tiempo; hasta 1568 en que un cacique entrega un testimonio de compra y venta a favor de un soldado español, luego vendrían la congregación de los Betlemitas que crearon una gran hacienda por todo el territorio circundante, años más tarde la propiedad se divide por el abandono que sufre por parte de los religiosos. En 1911 reaparece Machupicchu con la presencia de Hiram Binghan y vuelve a la notoriedad y aparecen varios propietarios.

En rigor en el año de 1904 la propiedad es adquirida de varios “dueños” por el Sr. Mariano Ignacio Ferro Mendoza, el cual hereda a sus hijos y una de ellas se casa con el Sr. José Emilio Abril Vizcarra, abogado de profesión y congresista de la república de ocupación, asentado en la ciudad de Lima, inicia un largo proceso para vender parte de su propiedad a sus trabajadores la familia Zavaleta en 1942 y la otra parte que tenía restos arqueológicos, las tenía ofrecida al Estado Peruano a fin que tramite un proceso de expropiación del que él mismo es parte por su condición de Diputado de la República; por estas consideraciones es que en la clausula quinta del documento de compra y venta a los Zavaleta, señala y deja constancia –la familia Abril Vizcarra- que en dicha propiedad de venta no está incluida las zonas monumentales, porque el trámite de expropiación se encuentra en el Congreso Nacional de la República, sin embargo en esta clausula quinta, tampoco especifican la reserva de propiedad. Por estas consideraciones es que a través de una Resolución Ministerial del Ministerio de Instrucción Pública ahora Educación se inicia la expropiación en 1935; sustenta Don Juan Sebastián Velásquez.

Desde este período hasta la década del sesenta la bruma es rota, por la presencia del estado que toma posesión, la pone en valor y administra el Santuario de Machupicchu hasta la actualidad; por ese periodo se construye la Central Hidroeléctrica de Machupicchu. En 1969 se da la Reforma Agraria en todo el valle, esta norma en uno de sus artículos señala que no puede expropiarse los bienes y el patrimonio cultura, pero igual los expropio porque no había claridad de los límites del Santuario que recién estaba en proceso de estudios y puesta en valor, habiendo mucho lugares todavía desconocidos que recién serán conocidos décadas más tarde. Este proceso en 1992 sería anulado por Fujimori, abriendo un peligroso proceso de privatización que hasta hoy es latente.

En 1982 es reconocido como Patrimonio de la Humanidad y por consiguiente adquiere otro estatuto jurídico, patrimonial y ambiental. Por ese período entra en auge el turismo como un sector dinámico de la economía, el Santuario se convierte en un destino universal y abre las apetencias del cálculo rentista no sólo de los turisteros, sino de dueños y propietarios que resurgen de las cenizas, inducidos por quienes desean apropiarse de las vías férreas, el teleférico, de los hoteles, en fin de todo el círculo económico que esto representa.

Siguen procesos judiciales en marcha y en paralelo

La disputa por la propiedad de Machupicchu de nunca acabar

Curiosos abogados que pierden o silencias los procesos

Como hemos señalado en 1992 llega la onda privatista y desconoce el proceso de la reforma agraria en Machupicchu y abre curso a los juicios como la que realiza inicialmente en el Juzgado de Quillabamba por parte de la familia Zavaleta en 1,994, que pretendía la devolución de los terrenos, la sentencia del Juez a favor del estado peruano, argumenta que la familia ya recibió el pago de sus terrenos; el proceso llega al Tribunal Constitucional que ratifica la decisión del Juez de Quillabamba en contra de las pretensiones de recuperación de los terrenos del Santuario de Machupicchu. Señala Juan Sebastián Velázquez.

Sin embargo paralelamente la familia Zavaleta solicita en el año 2005 a Registros Públicos (SUNARP) la inscripción de 22 mil hectáreas comprendidas en todo el Santuario Histórico como su propiedad; frente a este hecho el INC a petición de la SUNARP plantea su oposición y declara nula dicha inscripción. Finalmente en Registro Públicos aceptan como propiedad de los Zavaleta 2,293 hectáreas, hecho controversial porque por un lado reconocen la extensión de la propiedad, sin embargo no se puede delimitar en qué lugar están dichos territorios privados, todo un artificio jurídico sin solución fáctica o tangible, dice Velázquez Pelaez; un embrollo del poder judicial, de registros públicos y el silencio del INC ahora Ministerio de Cultura.

En ese mismo marco ingresa a tallar otra dos demandas en el año 2003 y el 2006, los descendientes de la familia Abril Vizcarra reclaman en un primer caso la indemnización de la expropiación de sus propiedades de la reforma agraria, de la parte que no está registrada en la compra venta a los Zavaleta, hasta por un monto de 200 millones de dólares. La segunda demanda es por la reivindicación de sus derechos reales como propietarios que no han prescrito, reivindicación sobre el uso de suelos y la reivindicación de construcción levantada en ellas, sustentado en que el Santuario no estaría registrado por el Estado Peruano y ellos siguen siendo los legítimos propietarios.

A estas alturas las preguntas caen por su propio peso, cómo es que el estado peruano sea tan negligente e incompetente para no haber saneado la propiedad del Santuario de Machupicchu en casi cien años de su existencia pública, ahora que han festejado el centenario de su conocimiento ante el mundo; porque los diversos procesos de expropiación y las otras demandas no fueron contestadas oportuna y adecuadamente; tanto es el descuido de los funcionarios del INC ahora Ministerio de Cultura que la página de internet de la UNEP de las Naciones Unidas en el año 2010 seguía considerando al Santuario de Machupicchu como de propiedad privada, será pura casualidad o qué se esconde, responde preocupado Juan Sebastián Velázquez Pelaez.

A juicio del mencionado especialista, se debe poner fin al abandono e ineptitud de estos procesos, tomando una decisión política y jurídica de velar la propiedad del Santuario de Machupicchu, reivindicando el derecho constitucional y civil del Estado Peruano como su legítimo propietario que lo tiene como posesión y administración desde el año sesenta. Durante todo ese tiempo nadie reclama nada, hasta los noventa en que apareció el modelo privatista y el Decreto Supremo de Fujimori e inmediatamente surgen los supuestos propietarios. De acuerdo al derecho de derelicción el estado puede ejercer o ejercer como su patrimonio un bien por abandono de sus propietarios durante de veinte años consecutivos, además un registro administrativo en Sunarp tiene un sentido declarativo y no es constitutivo como dice un principio del derecho registral.

Es hora que la nueva dirección regional y en particular el Ministerio de Cultura tomen las cosas de manera directa para resolver esta controversia que pone en peligro la propiedad del Santuario de Machupicchu, que por los noventa estuvo en la mira de su total privatización, era evidente la tendencia si miramos que se han privatizado las líneas de acceso, los hoteles y servicios. Incluso ahora para los legítimos herederos los hombres y ciudadanos del ande, es imposible ingresar a observar la construcción de sus abuelos, concluye vigilante Juan Sebastián Velázquez Peláez.